Divorcio Express de Mutuo Acuerdo

CONSEJOS PARA LOS PADRES

"La gran mayoría de los hijos de padres separados o divorciados no tiene una infancia feliz. Es más, la añoranza cuando llegan a jóvenes por haber perdido la oportunidad de disfrutar de sus primeros años continúa décadas después", puntualiza Reyes Vallejo Orellana, profesora de Psicología en la Universidad de Sevilla y autora de un estudio sobre este tema publicado en la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Los padres pueden hacer mucho más de lo que imaginan por sus vástagos para ayudarles a sobrellevar los momentos más duros de la ruptura conyugal. Primero, entendiendo algunas de las posibles reacciones de los menores, que pueden variar en función de la edad.

"Los más sensibles son los preescolares y escolares, máxime si se valora que todavía carecen de los recursos cognitivos necesarios para comprender la nueva situación. Es frecuente encontrar reacciones iniciales de tristeza, miedo, inseguridad, confusión, depresión e, incluso, reacciones de violencia hacia uno de los progenitores", comenta a elmundo.es Reyes Vallejo.

También es bastante común "que se autoinculpen de la separación de sus padres o, en otros casos, fantaseen irracionalmente con la reconciliación de ambos", agrega.

Para disminuir el impacto del divorcio es "aconsejable hablar sobre las razones que han llevado a esta decisión en un lenguaje comprensible y sencillo; informarles de los cambios que se van a llevar a cabo en sus vidas y hacerles ver que la separación es de la pareja y, por tanto, el cariño que tienen a sus hijos no se va a ver afectado ni modificado", recomienda la psicóloga de Sevilla.

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria 'prescribe' a los padres otras medidas que pueden ayudar a los hijos a enfrentarse y sobrellevar la ruptura conyugal.

• Hay que procurar, siempre que se pueda, no cambiar de domicilio o de colegio. Los niños deben mantener las relaciones con los amigos y la práctica rutinaria de sus actividades. Es importante que tengan facilidad para telefonear a ambos padres cuando lo necesiten.
• Los hermanos deben seguir viviendo juntos mientras sea posible. Ambos padres deberán confirmar a sus descendientes que les quieren igual que antes de la separación y demostrarles que la ruptura no obedece a problemas de relación con ellos. Para ello deben dedicarles todo el tiempo posible y proporcionarles cariño sin caer en la creación de malos hábitos (exceso de mimos).
• Todos los hijos deberán tener el mismo tiempo de acceso a ambos padres. Estos periodos deberán ser conocidos por toda la familia con antelación y, en lo posible, se deberá acudir a ellos con puntualidad.
• Los símbolos de afecto son muy importantes, más que los regalos. Trate de que tenga una imagen positiva de ambos padres. No admita que hable mal de alguno de los dos, y en caso de hacerlo responda señalando aspectos positivos. Piense que usted podrá tener algún día otra pareja, pero su hijo nunca podrá tener otros padres, por lo que no desacredite a su 'ex', ni desahogue sus frustraciones con sus vástagos.
• Hay que fomentar que los hijos expresen sus sentimientos, sus sufrimientos, sus dificultades y sus temores. Para disminuir la prolongación y la dureza de la transición a la nueva vida familiar, los padres deberían transmitir a los hijos que la separación es una situación definitiva e irreversible.

En el reparto del patrimonio, la vivienda es uno de los bienes que más preocupa a los cónyuges y que se incluye, en caso de que exista, en el convenio regulador.

• Cuando no hay acuerdo por parte de la pareja y ésta tiene hijos menores de edad, el uso de la vivienda y de su contenido suele ir destinado al cónyuge que obtenga la custodia, incluso si es un bien privativo del otro consorte. Éste no podrá vender la vivienda ni hipotecarla sin el consentimiento de su ex cónyuge o de un juez, pues lo que se busca en todo momento es la protección de los menores. En este caso, el miembro de la pareja que ha quedado fuera de la casa puede seguir deduciéndose la inversión de la vivienda, aunque no resida en ella, siempre y cuando continúe pagando la hipoteca. Esta deducción se puede aplicar cuando exista una sentencia judicial que obliga al cónyuge a abandonar la casa. Además, es necesario que la vivienda tuviera el carácter de habitual cuando el matrimonio estaba vigente y siga siéndolo para los hijos comunes y el progenitor que viva con ellos.
• Cuando el matrimonio no haya tenido hijos o estos se hayan emancipado y la vivienda sea un bien ganancial, cualquiera de los dos puede residir en ella hasta que se haga el reparto definitivo del patrimonio, que llega con la liquidación. Si el divorcio produjera un desequilibrio en el nivel económico entre los consortes, el uso de la vivienda podrá irá destinado al más necesitado de protección.
• Si la residencia es un bien privativo de uno de los cónyuges, tras el divorcio sigue siendo propiedad suya. Pero se puede dar la circunstancia excepcional de que el juez temporalmente acuerde que el uso de la vivienda familiar sea del consorte no titular al requerir una protección mayor.
• En el caso de que la residencia familiar sea de alquiler y se le adjudique al miembro de la pareja que no figura como titular, el consorte no arrendatario podrá seguir viviendo en la casa siempre y cuando anuncie al arrendador su intención de continuar en la vivienda. Para ello cuenta con un plazo de dos meses desde que se dictó la sentencia y debe adjuntar, además, copia de la resolución judicial.
• También se puede dar la circunstancia de que el matrimonio esté pagando aún la hipoteca. En esta situación los cónyuges pueden acordar que uno de ellos se quede con el piso y haga frente al pago comprando, a su vez, la parte del otro. Incluso pueden venderla íntegra a un tercero con la carga de la hipoteca. Si la pareja no llega a un acuerdo en el reparto, la titularidad o el pago de las cuotas, será necesario acudir a la vía judicial.

En cualquiera de los casos, tras la liquidación y reparto de los bienes es necesario hacer constar en el Registro de la Propiedad el cambio de titularidad.

El divorcio contencioso es un proceso más complicado en el que los gastos se multiplican y los plazos se alargan. Cada uno de los cónyuges necesita un abogado y un procurador, con la correspondiente merma económica que esto supone. Además, al no haber acuerdo es necesario pasar por un proceso judicial en el que se establecerá qué parte del patrimonio familiar corresponde a cada uno.

En el régimen económico de separación de bienes cada uno de los cónyuges es dueño de su parte. Puede administrar su patrimonio con total libertad y actuar con independencia, con la única condición de contribuir a las cargas del matrimonio. Cada miembro de la pareja colabora según haya pactado en las capitulaciones, que en este caso son necesarias siempre que el matrimonio no se haya celebrado en una comunidad autónoma que aplique este régimen por defecto. La pareja puede establecer un porcentaje de aportación en las capitulaciones. Si éste no se ha señalado, se entiende que la colaboración a los gastos se hace en proporción a los recursos de cada uno de ellos. Los trabajos que se realizan para el hogar familiar son considerados como una contribución a la carga del matrimonio con lo cual, en caso de separación, el miembro de la pareja que trabaje en casa puede percibir una pensión compensatoria.

Una de las ventajas del régimen de separación de bienes es la libre administración y disposición de su patrimonio por parte de cada uno los cónyuges. En caso de divorcio, el reparto es mucho más sencillo puesto que, en general, cada uno se queda con sus propiedades y sólo hay que dividir los bienes comprados en común. También es conveniente para aquellas parejas en que la actividad de uno de los cónyuges conlleve riesgos para el patrimonio. Como las obligaciones que contrae una persona son de su exclusiva responsabilidad, si se declara en quiebra no afecta a los bienes de su pareja.

Si hay separación de bienes, el reparto es mucho más sencillo pues sólo hay que dividir los bienes comprados en común

En el régimen de participación, según señala el Código Civil, cada uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en que dicho régimen haya estado vigente. A cada uno de ellos le corresponde la administración, el disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le pertenecían en el momento de contraer matrimonio como de los que pueda adquirir después a título oneroso o lucrativo. Durante el tiempo en que el régimen esté vigente, se aplican las normas relativas al de separación de bienes y sólo cuando se disuelve se reparten las ganancias.

En el régimen de gananciales los cónyuges ponen en común y comparten los bienes o los beneficios obtenidos por cada uno de ellos durante la vigencia del matrimonio. No obstante, hay bienes comunes y otros de carácter privativo cuya titularidad corresponde en exclusiva a uno de los cónyuges.

Se consideran bienes gananciales:

• Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges, es decir la pensión, el salario o los rendimientos laborales.
• Las rentas, intereses o frutos tanto de los bienes privativos como de los gananciales. Si uno de los cónyuges alquila su piso a otra persona, la renta que reciba será ganancial así como los intereses de las cuentas de ahorro o los dividendos de las acciones.
• También son bienes gananciales los adquiridos a costa del dinero de la pareja, así como las empresas fundadas durante el matrimonio gracias a los bienes comunes.
• El dinero ganado en el juego como loterías o apuestas.
• Lo recibido conjuntamente y a título gratuito por el matrimonio, como donaciones o herencias.
• Los bienes adquiridos por derecho de retracto compartido por la pareja.

Son bienes de carácter privativo (los que pertenecen exclusivamente a uno de los cónyuges):

• Aquellos que le pertenecían antes del matrimonio o de establecer la sociedad de gananciales.
• Los recibidos después por uno de los cónyuges a título gratuito, como herencias o donaciones.
• Los bienes adquiridos por derecho de retracto perteneciente sólo a uno de los miembros de la pareja.
• Los que sustituyen o se adquieren a costa de un bien privativo, como una vivienda comprada con el dinero de una herencia recibida a título personal por un solo cónyuge.
• Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles entre vivos.
• Aquellos que se obtienen por resarcimiento de haber sufrido daños de carácter personal -indemnizaciones por accidentes- o en un bien privativo -pago por incendio de la vivienda que le pertenece en exclusiva a un miembro de la pareja...-.
• Los instrumentos utilizados para el ejercicio de una profesión y los objetos personales que no sean de extraordinario valor.  

Uno de los inconvenientes que presenta el régimen de gananciales es que cuanto más elevadas sean las rentas comunes, más altos son los tipos impositivos que los gravan, algo que con el reparto de bienes se vería reducido. A la hora del divorcio, si no existe acuerdo entre las partes, la división de los bienes se complica porque el reparto del patrimonio es mucho más difícil.

Cuando el matrimonio se celebra en régimen de bienes gananciales y la pareja se rompe es necesario hacer un inventario en el que conste el activo y el pasivo para disolver la sociedad. Si existen deudas se saldarán con el activo, y lo que sobre se reparte en dos lotes iguales para cada uno de los cónyuges. Después la sociedad de gananciales se liquida, bien en el proceso de divorcio o ante notario.

La división de las pertenencias depende, en gran medida, del régimen económico bajo el que se haya celebrado el matrimonio

Regímenes económicos

Por mucho que haya descendido el número de divorcios en nuestro país como consecuencia de la crisis económica actual, estos se siguen formalizando. De ello da fe el registro de rupturas matrimoniales, 137.510 en 2007, un 5,8% menos que en 2006, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo que no indica este informe es el número de conflictos originados entre la pareja a causa de los bienes disfrutados durante el matrimonio, es decir, el conjunto de reglas por las que se rigen las relaciones económicas de los cónyuges, y entre estos y terceras personas.

Los regímenes más utilizados en España son el de separación de bienes y la sociedad de gananciales, aunque existen otros como el de participación. El régimen económico se pacta entre los cónyuges antes o durante el matrimonio mediante las capitulaciones, que suponen un contrato suscrito por la pareja. En cualquier momento se puede modificar o suscribir otro régimen diferente. Para formalizar las capitulaciones es necesario entregarlas ante notario y, para que sean válidas ante terceros, inscribirlas en el Registro.

En el régimen de gananciales los cónyuges conservan, además, bienes privativos

Si no se otorgan las capitulaciones matrimoniales se aplica, por defecto, el régimen de gananciales. En algunas comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Aragón o Comunidad Valenciana puede regir la aplicación de otros regímenes como el de separación de bienes u otros peculiares de cada zona.

De mutuo acuerdo o contencioso

La aplicación de la Ley 15/2005 que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de Separación y Divorcio ha agilizado los trámites de la disolución matrimonial y ha reducido los gastos que generaba, así como los plazos para presentar la solicitud. La ley establece que han de pasar al menos tres meses desde que se celebra la boda para poner fin al matrimonio, excepto si existen motivos justificados para la ruptura como malos tratos, en cuyo caso no es necesario que este plazo transcurra. En la demanda de divorcio no es obligatorio exponer los motivos de la ruptura -como ocurría anteriormente- ni justificar una separación de un año; basta con presentar la demanda ante el juzgado.

Atendiendo a la voluntad de la pareja se pueden establecer dos tipos de divorcio: aquél que se hace por la vía judicial debido al desacuerdo de las partes, denominado contencioso, y el que se lleva a cabo de mutuo acuerdo entre los cónyuges. La documentación que hay que aportar, los plazos y los gastos que cada uno de ellos genera son diferentes, por no hablar del desgaste emocional que supone el litigio con quien, hasta hace poco tiempo, formaba parte de la vida cotidiana.

El divorcio de mutuo acuerdo acorta los plazos y disminuye los gastos que genera el proceso

Tras presentar este documento junto a la demanda, el matrimonio comparece ante el juez que previamente ha estudiado la propuesta. Si entiende que no es lesiva para ninguna de las partes o para los hijos, y la pareja manifiesta que sigue estando de acuerdo con el convenio regulador, el juez dicta sentencia sin necesidad de acudir a juicio y los cónyuges pasan a estar divorciados, de manera que cada uno de ellos disfruta los bienes según lo acordado previamente. Si, por el contrario, han cambiado de opinión y no ratifican el convenio, el divorcio pasaría a ser judicial. Hay que tener en cuenta que tanto en el divorcio de mutuo acuerdo como en el contencioso se necesita un abogado y un procurador, que pueden compartirse en el primero de los casos y ahorrar así gastos.

http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/familia/2008/09/30/180361.php

Estimados amig@s,

Este 2010 ha sido como para el resto de españoles un año muy intenso para el equipo de LEYFACIL.com.


Somos sin duda la referencia en el divorcio express por internet y nos felicitan por nuestra presencia en el mundo web 2.0

Tenemos un futuro apasionante por delante siempre orientado a ayudar a nuestros clientes.


Feliz 2011,

El equipo de LEYFACIL.com
http://www.leyfacil.com/

Interesante iniciativa informativa sobre el cierre del espacio aéreo en España el pasado 3 y 4 de diciembre de 2010.


Si te ha afectado y estás desorientado sobre tus posibilidades de reclamación, échale un vistazo a este blog:

http://denunciacaosaereo.blogspot.com/
Puedes encontrar información que quizás te ayude a enfrentarte a las reclamaciones y demandas que tendrás que poner para recuperar lo que te pertenece.

Tambien puedes figurar en una lista de afectados de este blog y hacer las aaportaciones que estimes oportunas. Su dirección de email es: denunciacaosaereo@gmail.com

Hola Beatriz,

Acabo de leer tu email y he visto la sentencia, estoy muy contenta de que todo haya sido tan fácil y rápido. Esperaremos la sentencia en firme en esta dirección que me indicas.

Os he recomendado a un par de amigas que están en similar situación. Sois muy profesionales, rápidos y sobretodo, contestais las cuestiones que yo se que a veces son tonterías o agobios, pero reconforta que alguien te explique claramente como son las cosas.

Muchas gracias por todo,

Bárbara

Buenas tardes!

He recibido el email. Muchas gracias por todo estoy muy contenta de vuestra profesionalidad!

Desislava

Los divorcios disminuyeron un 10,6% y las separaciones un 12,3%. La duración media de los matrimonios disueltos fue de 15,6 años, la misma que en el año 2008.

Disoluciones matrimoniales
En el año 2009 se produjeron 106.166 disoluciones de matrimonios, un 10,7% menos que en el año anterior. De esta manera continua la disminución de las rupturas matrimoniales iniciada en el año 2007.
Por tipo de ruptura matrimonial, en 2009 se produjeron 7.680 separaciones (un 12,3% me-nos que en el año anterior) y 98.359 divorcios (un 10,6% menos).
Por su parte, hubo 127 nulidades, un 10,6% menos que en el año 2008.
Los divorcios representaron el 92,7% de las disoluciones matrimoniales en el año 2009, frente al 7,2% de las separaciones y el 0,1% de las nulidades. De esta forma, se con-solida la tendencia al alza de los divorcios en el global de las disoluciones matrimoniales.
En el año 2009 se produjeron 158 disoluciones de matrimonios homosexuales. De esta cifra, 87 fueron rupturas entre hombres y 71 entre mujeres.

Disoluciones matrimoniales de mutuo acuerdo
El 64,6% de las disoluciones matrimoniales en el año 2009 fueron de mutuo acuerdo, lo que supone un aumento respecto al 63,7% de disoluciones de mutuo acuerdo registradas el año anterior.
Del total de divorcios, el 64,4% fueron de mutuo acuerdo y el 35,6% no consensuados. Por su parte, el 67,6% de las separaciones fueron de mutuo acuerdo y el 32,4% contenciosas.
Dichas cifras suponen un crecimiento, en términos relativos, de las rupturas consensuadas respecto al año anterior (en 2008, el 63,7% de los divorcios y el 64,6% de las separaciones fueron de mutuo acuerdo).
En el 17,1% de los divorcios hubo separación previa (frente al 21,4% del año anterior).

Edad media a la disolución del matrimonio
El mayor número de rupturas tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres.
La edad media de las mujeres en el momento de la disolución matrimonial fue de 41,9 años (41,6 años en los divorcios, 44,9 en las separaciones, y 38,4 en las nulidades).
En el caso de los hombres, la edad media fue de 44,4 años (44,1 años en los divorcios, 47,4 en las separaciones y 42,6 en las nulidades). Dichas edades fueron ligeramente supe-riores a las registradas en 2008 (44,2 años para los hombres y 41,7 para las mujeres).
El 87,2% de las disoluciones matrimoniales registradas en 2009 tuvo lugar entre cónyuges de nacionalidad española, mientras que en el 8,4% de las mismas uno de los cónyuges fue extranjero y en el 4,4% de los casos ambos cónyuges fueron extranjeros.
Respecto al año anterior se aprecia un aumento en términos relativos, tanto de las disolu-ciones en las que ambos cónyuges son extranjeros, como de aquellas en las que al menos uno de los cónyuges es extranjero.

Duración media de los matrimonios disueltos
La duración media de los matrimonios disueltos fue de 15,6 años, igual que la observada el año anterior.
Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 15,3 años, las ruptu-ras por separación de 19,1 años y los anulados de 6,5 años.
El 29,7% de los divorcios se produjo después de 20 años de matrimonio y el 20,6% en unio-nes que duraron entre seis y 10 años.
En el caso de las separaciones, el 41,7% de los matrimonios tuvo una duración superior a 20 años y el 18,1% entre seis y 10 años.
Atendiendo al estado civil de los cónyuges cuando contrajeron el matrimonio que se disuel-ve, la mayoría eran solteros. En el caso de los varones, el 5,4% eran divorciados y el 0,6% viudos. Entre las mujeres, el 4,7% eran divorciadas y el 0,4% viudas.

Disoluciones de matrimonios con hijos menores de edad y custodia
El 53,6% de los matrimonios disueltos en el año 2009 tiene hijos menores de edad, cifra similar a la observada en 2008 (54,0%). El 30,7% de los matrimonios disueltos tiene un solo hijo.
En el 57,5% de las disoluciones matrimoniales se asignó una pensión alimenticia (frente al 56,9% registrado en el año 2008). Entre ellas, en el 88,7% de los casos el pago de la pensión alimenticia le correspondió al padre, en el 5,3% de los casos a la madre y en el 6,0% de los casos a ambos cónyuges.
La custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 84,0% de las rupturas ma-trimoniales del año 2009 (86,0% en 2008). El padre obtuvo la custodia en el 5,6% de las disoluciones (4,0% en 2008), fue compartida por ambos cónyuges en el 9,7% (igual que en 2008) y se otorgó a otros (instituciones, otros familiares) en el 0,7%.
En lo que concierne a la presentación de la demanda de disolución matrimonial, en el 45,5% de los casos la demanda fue presentada por ambos cónyuges, en el 30,1% por la esposa y en el 24,4% por el marido. Este orden de prelación se mantiene tanto en los divorcios como en las separaciones.

Duración media de los procedimientos de disolución
El 71,4% de las demandas de divorcio se resolvió en menos de seis meses y el 8,5% se demoró más de un año. En las separaciones, el 74,7% se resolvió en menos de seis me-ses, mientras que el 7,1% tardó más de un año.
La duración media de los procesos fue de 4,9 meses, ligeramente inferior a los 5,0 meses observada en el año anterior. La duración media del procedimiento de disolución fue menor en las separaciones (4,6 meses) que en los divorcios (5,0 meses).

Datos por comunidades autónomas
El número de disoluciones matrimoniales por cada 1.000 habitantes en España fue de 2,27 en el año 2009, cifra inferior a la registrada el año anterior (2,58).
Por comunidades autónomas, las que registraron las mayores tasas fueron Canarias (2,83), Principado de Asturias (2,62) y Cataluña (2,61), así como la ciudad autónoma de Melilla (3,04).
Por el contrario, las comunidades autónomas con menores tasas fueron Castilla-La Mancha (1,65), Extremadura (1,70) y Castilla y León (1,72).

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